La tranquilidad del municipio de Actopan se ha visto alterada por una legítima preocupación ciudadana: la construcción de la granja avícola “Nuestra Señora de Guadalupe” en la localidad de Palmas de Abajo.
Este proyecto, que pretende instalar 11 naves para producir hasta 320 mil pollos por ciclo de engorda —cada 50 días—, ha generado alarma entre grupos ambientalistas y pobladores que ven en esta obra una amenaza directa al equilibrio ecológico de la región.
Este fin de semana, activistas y pobladores de la zona, entre ellos el Ecologista Universal, se manifestaron frente al predio donde ya avanzan las obras, a pesar de que, según las autoridades, el proyecto se encontraba clausurado temporalmente en espera de revisiones sobre su impacto ambiental.
A través de un video difundido en redes sociales, los manifestantes alertaron sobre los riesgos de contaminación del arroyo El Coyolito, el cual desemboca en el sistema lagunar de La Mancha, una zona con valor ambiental incalculable en el litoral del Golfo de México.
No es solo una cuestión de principios ecológicos, sino de sentido común. La operación intensiva de esta granja avícola, con la generación de residuos orgánicos y emisiones de gases, podría comprometer seriamente los cuerpos de agua cercanos, exponen los representantes de los grupos ecologistas. Además, el terreno destinado al proyecto abarca más de 117 mil metros cuadrados, en una zona donde las consecuencias ecológicas podrían ser irreversibles.
A pesar de que el proyecto cuenta con un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), los manifestantes aseguran que la información contenida en él no ha sido suficientemente valorada por las autoridades.
Según los documentos, la inversión para aplicar medidas de prevención y mitigación asciende apenas a 80 mil pesos, y el presupuesto total para el Plan de Manejo Ambiental es de 90 mil pesos. ¿Realmente es suficiente esa cifra para proteger un ecosistema frágil durante los 20 años de vida útil estimada del proyecto?
Más preocupante aún es la actitud con la que los trabajadores de la obra encararon a los activistas, acusándolos de romper sellos de clausura —cuando ellos mismos fueron señalados por haberlos retirado— e intentando intimidarlos para que abandonaran el lugar.
Esta confrontación evidencia el clima de tensión y la falta de transparencia que rodea a esta construcción.
Por otro lado, mientras los trabajos continúan, no existe certeza sobre la autenticidad de los trámites y permisos que presentan los empresarios avícolas.
Por supuesto, no se niega la necesidad de empleo ni el derecho a emprender proyectos productivos; sin embargo, estos deben realizarse con apego a la legalidad, transparencia y, sobre todo, con un profundo respeto al medio ambiente.
La premura por construir no puede pasar por encima del bienestar colectivo ni de los recursos naturales que pertenecen a todos.
La voz de los ambientalistas no debe ser desoída. Las autoridades tienen la responsabilidad de investigar a fondo, garantizar que las clausuras se respeten y, si los riesgos superan los beneficios, detener definitivamente este proyecto, porque lo que está en juego no es solo el presente de Actopan, sino su futuro ambiental.
@luisromero85
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