El PRD, partido que llegó a ser considerado referente de la izquierda mexicana durante casi tres décadas, hoy enfrenta una realidad: la desaparición del mapa político.
Desde abril pasado, mucho antes de la jornada electoral, estallaron los problemas internos en el perredismo veracruzano: el Comité Ejecutivo Nacional intervino las finanzas del comité estatal y asfixió a la dirigencia local del Sol Azteca, que terminó sin margen para continuar sus operaciones normales.
Al no alcanzado el 3% de la votación en las elecciones del 2 de junio, este partido se encuentra en fase terminal.
Los empleados del comité estatal han reportado retrasos en el pago de sus quincenas, ya que los cheques deben ser firmados por el CEN.
El comité estatal solicitó al Organismo Público Local Electoral que restablezca la liberación de sus prerrogativas y nombre un interventor local, debido a la inminente pérdida de registro del partido.
Sergio Cadena, dirigente estatal del PRD, informó al OPLE que el CEN no ha destinado el financiamiento público ordinario de junio y julio para el pago de salarios, impuestos y servicios básicos.
La administración de los recursos del PRD está a cargo de Aldo Jonathan Dávila, Coordinador de Patrimonio y Recursos Financieros del comité nacional; de Alma Rosa Arámbula, enlace financiero para Veracruz; y de Ricardo Badin, interventor responsable del proceso de liquidación.
El 29 de abril, la Dirección Nacional Ejecutiva del partido emitió el acuerdo 165/PRD/DNE/2024, que centralizó las funciones y atribuciones de la coordinación de patrimonio y recursos financieros del PRD en Veracruz; y en mayo, Alma Rosa Arámbula implementó medidas que incluyeron el cambio de cerraduras en las oficinas estatales.
Debido a esos conflictos, el comité estatal solicitó al OPLE que suspenda la ministración de las prerrogativas ordinarias de agosto para evitar un uso indebido de los recursos del PRD en Veracruz. También pidió que se autorice la apertura de una cuenta bancaria para el depósito de las prerrogativas a partir de agosto, la cual sería reportada a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, para efectos de supervisión.
El CDE solicita que se reintegren las cuentas y claves de acceso a la Tesorería Nacional para el registro de operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización y que se designe un interventor por parte del OPLE de Veracruz para coordinar los trabajos y garantizar el respeto a los derechos de los trabajadores.
Al final, lo que se observa en el PRD-Veracruz es la lucha por los despojos entre la dirigencia de Sergio Cadena y la instancia nacional del partido. Este año, por cierto, al PRD corresponderían poco más de 26 millones de pesos en prerrogativas; a eso se reduce, al final, el verdadero motivo de la lucha interna.
@luisromero85
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