"Lo perfecto es enemigo de lo bueno"

Decía un destacado empresario que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Nos planteaba esta paradoja a manera de ejemplo, porque hay quienes buscando la perfección toman decisiones extremas basadas en la pasión del momento y no en la reflexión; sin calcular los severos daños colaterales que tal decisión puede provocar y sin percatarse del riesgo de dejar peor lo que antes funcionaba bien o incluso medio funcionaba.

Estoy de acuerdo en que debemos tratar siempre de mejorar lo existente, pero haciéndolo con prudencia, apego a la legalidad, a los derechos humanos y con un análisis razonable de las alternativas; consultando las veces que haga falta a los expertos para no dejar las cosas en peores condiciones que antes.

Menciono lo anterior porque la inmensa mayoría de los mexicanos estamos de acuerdo en que debemos tener una mejor impartición de justicia en nuestro país. Pero para lograrlo se necesita hacer un trabajo integral a fondo que incluya a las distintas policías, a las fiscalías y desde luego a los jueces, magistrados y ministros. Esa mejora continua debería empezar por dotar de recursos suficientes y capacitación adecuada a quienes tienen el primer contacto con el ciudadano que ha sido víctima de algún delito.

Por cierto, ya que son tan demócratas algunos políticos, ¿Por qué no proponen someter al voto popular la elección de los fiscales y de los titulares de las distintas secretarías, tanto federales como estatales?. Sería lo justo.

Pretender destrozar al Poder Judicial como se está intentando hacer, solamente generará injusticias, pérdida de experiencia acumulada y gastos excesivos que tendremos que pagar los ciudadanos. Tan solo en la elección de jueces calcula el INE gastarse 8,200 millones de pesos y si le agregamos la liquidación conforme a la Ley de quienes perderán su empleo, le costará a la nación varios miles de millones de pesos más y pondrá en riesgo la impartición de justicia. En un país como el nuestro donde no hay recursos suficientes ni para medicinas, donde además la deuda pública es estratosférica, ¿cómo es posible que los gobernantes decidan dilapidar nuestro dinero haciendo semejantes gastos y afectando los derechos humanos de terceros?

La idea de que la reforma judicial es un mandato popular parte de una premisa falsa. Jamás se votó por tal cosa. Si bien la actual presidente presume haber logrado 36 millones de votos, eso no significa haberle entregado un cheque en blanco para destrozar a un Poder Judicial incómodo que con todo y sus posibles fallas sirve de contrapeso a los otros dos poderes de la Unión y es además garante de nuestra Constitución.

Para poner las cosas en contexto, los ciudadanos que no votaron por ella, más los que se abstuvieron de votar suman casi 60 millones.

Resolver mediante una tómbola quiénes serán despedidos primero y quiénes después, no solo es verdaderamente ridículo, sino que atenta contra el estado de derecho, porque deja en estado de indefensión y zozobra a quienes de la noche a la mañana perderán su empleo después de muchos años de trabajo, estudio y superación.

Si algún funcionario del Poder Judicial hubiera cometido algún delito, todos estaremos de acuerdo en que se le denuncie y sancione. Pero barrer parejo con el pretexto de mejorar la impartición de justicia, más bien parece un deseo de venganza y no un intento de mejora.

Por cierto, la elección de los juzgadores mediante el voto popular no resuelve nada de fondo y puede hacer que la impartición de justicia quede en manos de improvisados, cuyo mayor mérito no serían ni la capacidad, ni la experiencia. Tampoco la imparcialidad. Su mayor logro sería pasar los filtros y candados que convenientemente les pondrán a los candidatos desde la cúpula del poder, para dejar pasar solamente a los que aprueben las ocurrencias y no les resulten incómodos.

En otras palabras, los ciudadanos solamente podríamos votar por los candidatos que aparecieran en una lista previamente filtrada y depurada desde mero arriba. Eso no es democrático.

Otro tema: Los alcaldes, diputados, senadores, gobernadores y el propio presidente de la república llegan a sus cargos mediante votación popular y eso no garantiza su capacidad, buen desempeño, ni tampoco su honradez. Por eso la corrupción continúa a todo vapor.

¿Quién nos asegura que la elección de jueces acabará con la corrupción?

No creamos que la elección de juzgadores mediante el voto popular mejorará las cosas. Lo que realmente sucederá es que los equilibrios de poderes que deben existir en cualquier democracia se perderán. El Poder Ejecutivo sería quien controle todo y eso resultaría muy grave para el país.

¿No les parece a Ustedes?

Muchas gracias y buen fin de semana.