Desfalco en salud: Yunes Landa apunta a Cuitláhuac

Héctor Yunes Landa, diputado priista, no descarta presentar denuncias por presuntos desfalcos en el Sector Salud durante el gobierno de Cuitláhuac García.

En un plazo de dos semanas, si la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no actúa, promete proceder legalmente. Sus señalamientos exponen la opacidad de la administración morenista y reavivan el debate sobre la rendición de cuentas en Veracruz.

Un informe de la ASF revela un daño al erario de 329.6 millones de pesos en 2022, destinados a la atención médica gratuita. Estos recursos, manejados de forma irregular por el gobierno de García, agravan las carencias en hospitales y el desabasto de medicamentos, traicionando la confianza de los veracruzanos.

Yunes Landa ya había denunciado en 2024 el colapso del sistema de salud bajo García, que dejó a millones sin acceso a servicios médicos. Sus críticas, aunque contundentes, podrían interpretarse como un movimiento electoral, pero la gravedad de los hechos exige atención.

La respuesta de las autoridades morenistas será clave. La ASF debe esclarecer estos desvíos, mientras los ciudadanos demandan justicia. La salud no puede seguir siendo rehén de un mal gobierno.

Veracruz merece claridad y acción. Si hay responsables, que enfrenten la ley; si no, que se desmienta con hechos. La salud de los veracruzanos no admite más excusas.

Un llamado urgente a la acción

La desaparición de Miguel Ángel Castillo, reportada este sábado por ARTICLE 19, confirma que ejercer la libertad de expresión en regiones como el norte del estado puede ser de riesgo. Castillo, editor de la página Pánuco Online, lleva una semana sin ser visto por sus colegas ni familiares. Desde el 13 de abril se desconoce su paradero y, preocupantemente, sus publicaciones en redes fueron eliminadas o restringidas.

No es un hecho aislado. Desde febrero, Miguel Ángel había denunciado intimidaciones en su domicilio por parte de sujetos desconocidos que, según dijo, traían un mensaje del presidente municipal. Este dato, más que una anécdota, debe ser una línea clave de investigación. La pregunta es: ¿por qué hasta ahora se está activando un protocolo de búsqueda? ¿Por qué las autoridades locales no emitieron de inmediato una ficha con sus datos?

La Comisión Estatal de Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) aseguró haber activado los protocolos de localización, pero esa acción llegó solo después de la presión pública y la denuncia de ARTICLE 19.

La tardanza en responder ante la desaparición de un periodista revela una preocupante falta de coordinación, voluntad o capacidad para proteger a quienes ejercen el periodismo en contextos hostiles.

Más allá del caso individual, la desaparición de Castillo es un espejo de lo que ocurre en muchas regiones del país donde el periodismo es incómodo para el poder local. ARTICLE 19 ha sido enfática: se debe activar el Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas Desaparecidas y garantizar medidas de protección a su familia. Es lo mínimo que puede esperarse en un estado que ha sido reiteradamente señalado por su peligrosidad para la prensa.