Poder Judicial de Veracruz, sin transparentar mil 500 mdp, acusan abogados

Abogados integrantes de distintos grupos jurídicos en el Estado de Veracruz interpondrán los recursos de ley correspondientes para poder contrarrestar las declaraciones que hizo la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, en torno de no construir otras Ciudades Judiciales.

En voz del jurista Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados, Especialistas, Maestros y Doctores en Derecho del Estado de Veracruz, se dijo que esta decisión pega de lleno en la impartición de justicia debido a la falta de espacios para este fin y con el traslado de dos juzgados de primera instancia a la ciudad de Cardel, se debe exigir que los recursos destinados para la impartición de justicia queden transparentados.

Vicente Octavio Pozos Marín, presidente del Colegio del Foro de Licenciados.

Pozos Marín recalcó que el periodo de la actual Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz está por cumplirse en el mes de diciembre a causa de su pronta jubilación.

Es por ello que hizo un exhorto para que quien venga a ocupar tan importante cargo, haga una investigación exhaustiva sobre el destino de estos fondos que en total, suman mil quinientos millones de pesos.

Por su parte, el licenciado Héctor Torres Cruz quien es vocal de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho de la ciudad de Veracruz, enfatizó que tanto el envío de los juzgados de primera instancia a la ciudad de Cardel, como la negativa de construir ciudades judiciales es una aberración contra el sistema de impartición de justicia, es por ello que los colegios, asociaciones y foros de abogados interpondrán los respectivos recursos de ley que sean necesarios, para frenar esta decisión.

Héctor Torres Cruz, vocal de la Asociación Jurídica de Licenciados en Derecho de la ciudad de Veracruz.

Finalmente, y quienes se ven afectados son los justiciables, quienes tienen que desplazarse grandes distancias cuando la economía no está tan bonante como en antaño, generando de igual forma rezagos en la impartición de justicia.

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