En 2022 la Procuraduría de Protección al Contribuyente (Prodecon) en Veracruz otorgó 8 mil servicios a los contribuyentes. Se pagaron vía regularización fiscal con motivo de acuerdos conclusivos, 58 millones 325 mil pesos, informó Mario Herrera Téllez, delegado de la institución.
Los servicios de asesoría y queja fueron los que destacaron, debido a que se trata de procedimientos para guiar a los contribuyentes en trámites en materia fiscal y se investigan problemáticas con el Instituto Mexicano del Seguro Social, Infonavit, Secretaría de Finanzas y Planeación, Servicio de Administración Tributaria, Procuraduría Federal del Consumidor e incluso con la Comisión Nacional del Agua, cuando realiza gestiones como autoridad fiscal.
Se registraron 5 mil 972 asesorías en la presentación de la declaración anual, presentación de la declaración mensual, devoluciones del Impuesto Sobre la Renta y devoluciones del Impuesto al Valor Agregado.
“Durante todo el año tuvimos contribuyentes porque la autoridad no ha resuelto su solicitud de devolución, la segunda por la solicitud de información que hacen las autoridades fiscales, porque muchos contribuyentes la consideran excesiva. La tercera tiene que ver con la forma en que la autoridad resuelve de manera parcial o niega saldo a favor”.
Destacó que el 85 por ciento de los procedimientos de queja que se implementaron fueron a favor del contribuyente. Al tener certeza de los motivos de la autoridad se tienen los medios para defender los derechos.
Las multas fiscales también fueron de los principales servicios, pues la Prodecon brinda de forma gratuita un abogado patrono en asuntos que no superan un millón 35 mil pesos.
“En los casos en que tenemos una multa ya viejita y que la autoridad ya nos realizó alguna gestión de cobro hay posibilidades de reducirla del 40 al 90 por ciento dependiendo la antigüedad de la multa”.
Mario Herrera Téllez destacó que a nivel nacional fueron más de mil 20 acuerdos conclusivos y se contribuyó a la recaudación del Servicio de Administración Tributaria con hasta 30 mil millones de pesos. Es decir, muchos contribuyentes se apegaron a la resolución de controversias para no llegar a juicios para efectos de regularizar su situación fiscal.
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