Magistrados y jueces piden a la CIDH medidas de protección para jueza detenida en Veracruz

Diversas organizaciones de jueces y defensores de derechos han presentado una solicitud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que se dicten medidas cautelares en favor de una jueza y su familia en Veracruz.

La jueza identificada como Angélica Sánchez Hernández, ha denunciado detención arbitraria y alega haber sido víctima de tortura por parte de agentes de la fiscalía local.

Las organizaciones, que incluyen la Asociación Internacional de Mujeres Juezas (IAWJ) y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP), expresaron su preocupación por el contexto actual, en el cual se han registrado declaraciones y estigmatización hacia las juezas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García.

Según la carta enviada a la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, las acciones concretas tomadas contra la jueza Sánchez Hernández han tenido un impacto significativo en su libertad e integridad, afectando también a su familia.

A pesar de haber sido liberada sin haber sido presentada ante un juez para una audiencia inicial, las autoridades han anunciado que continuarán la investigación en su contra, lo cual ha generado un serio riesgo para la jueza.

Declaraciones del gobernador de Veracruz pone en riego la integridad de la jueza de Cosamaloapan

Las declaraciones del gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, luego de la liberación de la jueza, han agravado aún más la situación.

Las organizaciones argumentan que estas declaraciones y el contexto adverso en el que se encuentran representan un riesgo para los derechos fundamentales de la jueza y su familia.

Las organizaciones que solicitaron las medidas cautelares a la CIDH incluyen el Capítulo México de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, la Asociación Mexicana de Mujeres Juezas y Magistradas, la Asociación Mexicana de Juzgadoras, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, y el Instituto Federal de la Defensoría Pública (IFDP).

Estas asociaciones están comprometidas con la preservación del Estado de Derecho y han manifestado su preocupación por la protección de los derechos fundamentales de la jueza y su familia en esta situación.

/ct