Inhabilitan a exsecretario de seguridad pública de Veracruz por 20 años de la función pública

Por 10 y 20 años fueron inhabilitados ex funcionarios del Partido Acción Nacional, quienes se desempeñaron en cargos dentro de las Secretarías de Seguridad Pública y Desarrollo Social, y obligados a realizar la devolución de los recursos que no aplicaron correctamente.

El día 15 de agosto el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TRIJAEV), aplicó un procedimiento de responsabilidad administrativa a los funcionarios por las faltas administrativas graves que contemplan desvío de recursos y abuso de funciones de los ex funcionarios panistas, dentro de la SEDESOL.

Entre los señalados por el Tribunal de Justicia se encuentran Eduardo Vargas Sánchez, ex director general de Coordinación para el Combate a la Pobreza; María José María Mañez, ex jefa de la Unidad Administrativa y José Isaac Burgos Villar, ex director jurídico de la dependencia.

El TRIJAEV expone el caso de simulación de un servicio que supuestamente contrataron, sin embargo, no hubo evidencia de que así haya ocurrido.

Una inhabilitación por 10 años fue la sanción aplicada a estos tres funcionarios de la SEDESOL, quienes trabajaron bajo el mando de Indira Rosales San Román, ex Secretaria de Desarrollo Social.

Lo que significa que durante una década no podrán desempeñar ningún tipo de cargo o comisión, tampoco podrán participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras públicas.

También tendrán que reparar el daño patrimonial, por lo que deberán realizar un pago de indemnización de 4 millones 771 mil 574 pesos de manera proporcional, es decir, de acuerdo a la participación que tuvieron porque no cumplieron con la normatividad para llevar a cabo las licitaciones.

Inhabilitado por 20 años

El cuarto caso se trata del ex titular de Seguridad Pública, Jaime Téllez Marie, a quien el TRIJAEV le duplicó la sanción y quedó inhabilitado por 20 años, junto con otros colaboradores más.

De igual manera, los acusados tendrán que pagar el daño, causado por el mal uso del recurso destinado para las famosas cámaras de seguridad que nunca se adquirieron ni mucho menos se instalaron en varios puntos de la entidad veracruzana y que tanta falta hacen para resguardar a la ciudadanía.

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