La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) alertó sobre los posibles efectos negativos que podrían tener, en conjunto, la imposición de nuevos aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos y la incertidumbre generada por la reforma al Poder Judicial. Según el organismo, ambos elementos representarían un obstáculo significativo para el crecimiento económico de México en 2025.
De acuerdo con su presidente, Juan José Sierra Álvarez, la imposición arancelaria sobre sectores estratégicos como el acero, el aluminio y la industria automotriz mexicana amenaza con reducir la demanda de productos nacionales en el mercado estadounidense, lo que a su vez podría disminuir la producción, las exportaciones y la generación de empleo formal en el país.
"Los aranceles son enemigos del crecimiento económico y del empleo. Nos agarran mal parados porque venimos de una desaceleración económica... si los datos de marzo continúan igual, estaríamos técnicamente en recesión", declaró Sierra Álvarez.
El líder empresarial explicó que, ante una expectativa de crecimiento de apenas 0.5% para este año, la reducción en las exportaciones debido a las barreras comerciales impactaría directamente en los sectores más dinámicos de la economía nacional, y afectaría especialmente la generación de empleos remunerados.
Durante el foro "Análisis de la elección judicial", la COPARMEX también expresó su preocupación por las implicaciones de la reforma al sistema judicial en México. El presidente del organismo indicó que la elección de nuevos integrantes del Poder Judicial, bajo criterios políticos o partidistas, pone en entredicho la imparcialidad de las decisiones judiciales y debilita el estado de derecho.
"La reforma al Poder Judicial directamente va en contra de la certeza jurídica; las empresas quieren reglas claras, que no cambien de la noche a la mañana", afirmó.
Según Sierra Álvarez, el ambiente de incertidumbre jurídica desincentiva la llegada de inversión extranjera y nacional, ya que los inversionistas requieren condiciones estables, transparencia en los procesos legales y seguridad jurídica para operar.
Organismos como la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE) y el Consejo Nacional de Abogacía Mexicana también externaron inquietudes similares, señalando que tras la reforma será crucial observar la calidad de las sentencias judiciales, ante el riesgo de que estas estén influenciadas por factores políticos o intereses ajenos al ámbito legal.
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