Conagua multa con 5.5 mdp al operador del agua de Punta Tiburón por irregularidades

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) impuso una multa de 5.5 millones de pesos al Organismo Operador del Agua y Saneamiento Punta Tiburón S.A. de C.V., debido a irregularidades administrativas, operativas y ambientales en el manejo del agua en el residencial Punta Tiburón, ubicado en la Riviera Veracruzana, municipio de Alvarado.

Irregularidades detectadas

De acuerdo con David Ezequiel Hernández, representante de los vecinos del fraccionamiento, el organismo operador, que forma parte del desarrollador inmobiliario, no cuenta con los permisos necesarios de Conagua, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) ni del Ayuntamiento de Alvarado para operar. Además, la Conagua identificó un total de 46 irregularidades.

Entre las prácticas señaladas, se detectaron cobros indebidos por el suministro de agua, algunos de ellos por montos elevados, como un caso de 116 mil pesos. Esto llevó a los vecinos a iniciar procedimientos que derivaron en las sanciones.

Acciones legales y administrativas

La Conagua dio aviso a la Fiscalía General de la República (FGR), lo que resultó en la apertura de una carpeta de investigación contra el organismo. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado (FGE) notificó a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) para evaluar la posibilidad de clausurar el servicio de agua operado por esta sociedad.

Adicionalmente, el organismo enfrenta un proceso por fraude, ya que se le exige la devolución de los pagos realizados por los usuarios que, según las investigaciones, se cobraron de manera indebida.

Pese a las sanciones y procedimientos legales, las autoridades estatales y federales han garantizado el suministro de agua y drenaje para los habitantes de Punta Tiburón. Por lo tanto, los residentes no se han visto afectados directamente en sus servicios básicos.

No obstante, Hernández destacó que el desarrollador continúa con la venta de terrenos en el fraccionamiento, a pesar de que no se cuenta con los servicios públicos requeridos, lo que representa un problema para los compradores y la comunidad en general.