Comunidad LGBT denuncia falta de acción de fiscalía de Veracruz ante crímenes de odio

La impunidad en la violencia y crímenes contra integrantes de la Comunidad LGBTI radica en la inacción de fiscalías en el estado de Veracruz, afirmó Miguel Llinas, de Soy Humano.

"La Comunidad LGBT se ve perjudicada en ese tipo de casos y sobre todo, en la lentitud que hay en la Fiscalía para resolver y para dar justicia a las familias, a las víctimas de los crímenes de odio.

"Hay burocracia, omisión, falta de interés y sobre todo, creo que están demasiado saturados: la saturación, la falta de personal y la falta de enfoque. Por eso queremos la Fiscalía Especializada porque tiene que haber un protocolo de actuación para poder atender este tipo de casos, pues no es lo mismo un feminicidio que un crimen de odio, son cosas muy diferentes por sus particularidades", subrayó Llinas.

Acusó que en la Fiscalía dicen que no hay presupuesto y en respuesta la Comunidad LGBTI  está abierta a la posibilidad de que exista un módulo dentro de la propia Fiscalía donde se capacite al personal y exista el protocolo de actuación para lograr la impartición de justicia en un tiempo un menor.

"Seguimos luchando contra la negativa del Congreso del Estado en la identidad de género, y eso es algo muy importante que se tiene en la congeladora desde la administración pasada y con ésta también. Esperemos que con las siguientes autoridades esto pueda resolverse", subrayó Llinas.

Hizo hincapié en que la burocracia, omisión, falta de interés y saturación son los males en la impartición de justicia, aunado a la falta de capacitación.

"Van 7 crímenes de odio en lo que va del año, en Tuxpan y la zona sur, Coatzacoalcos, Minatitlán, todo eso hay crímenes de odio contra la Comunidad LGBTI, estamos ahorita en una cifra similar a la del año pasado.

"El año pasado se acentuó más después de septiembre y esperemos que este año no ocurra lo mismo. En Veracruz y Boca del Río llevamos 2 casos de hombres gays", subrayó Llinas.

Resaltó que la cifra de casos resueltos es muy por debajo del 20 por ciento, y los culpables siguen libres.