La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha acusado al gobierno de Veracruz, encabezado por Cuitláhuac García Jiménez, de negligencia en el manejo de los servicios de agua en la zona metropolitana de Veracruz.
El organismo autónomo indicó que, aunque tiene la capacidad para actuar, en su lugar el ejecutivo habría responsabilizado a los gobiernos municipales por no atender las quejas ciudadanas.
En ese sentido, la CNDH ha documentado que las autoridades han permitido la degradación ambiental al tolerar el mal desempeño de Grupo MAS y la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB).
En su recomendación 119/2024, la Comisión destacó la deficiente gestión de aguas residuales, que afecta al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano y al Área Natural Protegida Arroyo Moreno, poniendo en riesgo la salud de la población.
La contaminación de las fuentes de agua representa una amenaza significativa para el suministro de agua potable, tanto superficial como subterráneo. La CNDH señaló que la descarga de aguas residuales sin tratamiento adecuado está violando el derecho humano de acceso al vital líquido.
Además, el Instituto Metropolitano de Agua (IMAVER) y la Procuraduría de la Defensa de los Usuarios del Agua (PRODEAGUA) no están ejerciendo una supervisión efectiva sobre las concesiones otorgadas a Grupo MAS.
De la misma forma, la Compañía de Agua de Boca del Río (CAB) tampoco habría proporcionado información sobre el tratamiento de aguas residuales, dado su impacto en los cuerpos acuíferos.
Aunque Conagua, Profepa y la Procuraduría estatal del Medio Ambiente (PMA) han realizado inspecciones y procedimientos administrativos, la CNDH considera que estas acciones son insuficientes.
Derivado de la falta de sanciones y de una vigilancia efectiva, se ha permitido continuar con estas violaciones a los derechos humanos y daños ambientales en detrimento de la ciudadanía.
Asimismo, se ha señalado la insuficiencia de medidas para controlar la calidad del agua en el estado. Las autoridades no han implementado las acciones necesarias para aplicar las normas ambientales y de agua estatales y nacionales.
La CNDH también responsabilizó a Grupo MAS y CAB por la contaminación derivada de las descargas de aguas residuales.
Las inspecciones realizadas por la CNDH y la Conanp revelaron niveles preocupantes de contaminación en varios puntos de recolección de muestras en el puerto de Veracruz y Boca del Río.
IMAVER, encargado de supervisar el título de concesión de Grupo MAS, puede imponer sanciones por incumplimiento, pero no ha habido sanciones recientes.
La CNDH concluyó que existen violaciones a los derechos humanos relacionados con un ambiente sano, agua potable y saneamiento en la zona metropolitana de Veracruz.
Entre las recomendaciones se incluye la colaboración de Conagua en un plan de remediación y prevención de la contaminación, visitas de verificación y reportes de cumplimiento semestrales, además de un curso de derechos humanos sobre el agua potable para su personal.
Profepa debe finalizar rápidamente los procedimientos administrativos pendientes y participar activamente en el plan de remediación. También se recomienda un curso de derechos humanos sobre agua potable y saneamiento para el personal en Xalapa y la zona metropolitana de Veracruz.
El gobernador de Veracruz debe desarrollar un plan interinstitucional de remediación y prevención, realizar pruebas de calidad en puntos de descarga y acelerar procedimientos administrativos contra los responsables de la contaminación.
Así mismo, también se sugiere evaluar el aumento de las tarifas de servicios de agua a los usuarios y mejorar la conexión de uso domésticos a la red de drenaje metropolitana.
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