Adriana Rivera Hurtado, hermana de la ex primera dama de México, está “en la mira” de la UIF debido a sus nexos con la empresa Actidea, investigada por la autoridad por contratos turbios, otorgados durante el sexenio de su entonces cuñado Enrique Peña Nieto.
En febrero pasado, Reforma publicó una carta de Juan Collado, ex abogado del ex mandatario, en la que acusaba a Angélica Rivera de ordenar la contratación de empresas vinculadas con su familia para organizar eventos sociales de la Presidencia y otras secretarías de Estado. La actriz y sus hermanas frenaron la contratación de otros proveedores, “consiguiendo que licitaciones o invitaciones restringidas fueran asignadas a empresas afines”.
De acuerdo con Latinus, Actidea, investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y vinculada con la hermana de la ex primera dama, Angélica Rivera, recibió 141 contratos por un total de 833 millones de pesos durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Actidea es propiedad de Eduardo Gama y Alfredo Gatica, yerno del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
La compañía de organización de eventos a la que la UIF relaciona con Adriana Rivera Hurtado obtuvo 90% de los contratos por adjudicación directa. Lo mismo cobró 17.4 millones de pesos por el servicio integral de Grito de Independencia de 2013, el primero de Peña Nieto.
Además del ya mencionado, la empresa organizó otros importantes eventos dentro de la administración: brindis de fin de año de Peña Nieto con su gabinete (453 mil pesos); logística de la Cumbre Iberoamericana de 2014 (contrato de Cancillería por 77.6 millones de pesos); servicio del artista Carlos Vives para el Festival de Cultura del Caribe (5 millones de pesos); organización de la visita del Primer Ministro de Finlandia (10 millones de pesos); visita del Papa Francisco (30 millones de pesos).
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