En un acuerdo sin precedentes, TD Bank, el décimo banco más grande de Estados Unidos, se ha declarado culpable de asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, y deberá pagar aproximadamente 3,000 millones de dólares a las autoridades estadounidenses.
Este hecho marca un hito en la historia bancaria del país norteamericano, ya que es la primera vez que una institución financiera de esta magnitud admite tal delito.
El secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland, afirmó que las prácticas deficientes de TD Bank crearon un ambiente propicio para la delincuencia financiera.
"TD Bank creó un entorno que permitió el florecimiento de la delincuencia financiera", declaró Garland, destacando la gravedad de la situación y la importancia de la rendición de cuentas en el sector bancario.
Bharat Masrani, director general de TD Bank, expresó en un comunicado que este es un "capítulo difícil en la historia de nuestro banco", y asumió toda la responsabilidad por las acciones de la institución.
Afirmó también que el banco ha estado cooperando plenamente con la investigación y que se están tomando medidas para abordar las fallas y responsabilizar a los implicados.
Según el Departamento de Justicia, las "deficiencias a largo plazo, generalizadas y sistémicas" en las políticas de TD Bank permitieron que las actividades ilícitas se llevaran a cabo durante nueve años.
Entre las diversas irregularidades se incluía la operación de redes de lavado de dinero que movieron cientos de millones de dólares a través de cuentas en el banco.
Nicole Argentieri, jefa de la División Penal del departamento, declaró que algunos empleados del banco ayudaron activamente a redes delictivas a blanquear decenas de millones de dólares.
Por su parte, Philip Sellinger, fiscal federal de Nueva Jersey, señaló que en ciertos casos, las transacciones en efectivo y retiros en cajeros automáticos superaban entre 40 y 50 veces los límites diarios permitidos.
Este acuerdo y la admisión de culpabilidad de TD Bank subrayaría la necesidad urgente de reformas profundas en las políticas de supervisión y control de los bancos, para evitar que las instituciones financieras se conviertan en vehículos para la delincuencia a gran escala.
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