El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue acusado por un juez de Estados Unidos de intentar sobornar a otros presos para que hicieran declaraciones falsas en apoyo a su intento de conseguir un nuevo juicio por acusaciones de narcotráfico.
El juez Brian Cogan rechazó la solicitud de un nuevo juicio y consideró las acciones de García Luna como un claro intento de obstruir la justicia mediante la compra de voluntades.
García Luna, quien ocupó un puesto de alto rango en el gabinete de seguridad pública de México de 2006 a 2012, fue declarado culpable el año pasado de recibir sobornos para proteger a los cárteles de la droga que debía perseguir. Actualmente, está a la espera de sentencia y niega todos los cargos en su contra.
La fiscalía presentó pruebas que incluyen notas escritas a mano por un excompañero de celda y una grabación encubierta de una conversación con García Luna.
Según los fiscales, García Luna ofreció hasta 2 millones de dólares a otros reos para que hicieran declaraciones falsas sobre las comunicaciones entre los testigos del gobierno.
"Este fue un plan claro del acusado para obstruir la justicia mediante el soborno", escribió el juez Cogan al considerar las pruebas verosímiles.
Los abogados de García Luna argumentaron que las acusaciones eran falsas y que la grabación presentada era ambigua.
También afirmaron que algunos testigos de la fiscalía dieron falso testimonio y que no se les entregó información potencialmente útil. Sin embargo, el juez Cogan rechazó estos argumentos y negó la solicitud de un nuevo juicio.
"Estamos extraordinariamente decepcionados con la decisión del tribunal", dijo César de Castro, abogado defensor de García Luna, quien añadió que planean apelar la decisión.
Después del veredicto, los abogados defensores presentaron la declaración jurada de un reo que afirmó haber conocido a un testigo de la fiscalía en una cárcel federal de Brooklyn antes del juicio de García Luna.
Este preso dijo que el testigo había jurado "joder" a García Luna testificando en su contra y que había hablado con otro testigo del gobierno mediante un teléfono celular contrabandeado.
Los fiscales respondieron diciendo que el reo que hizo la declaración jurada tenía un trastorno psicótico con alucinaciones y que los testigos del gobierno negaron las comunicaciones alegadas.
García Luna, de 56 años, enfrenta cargos que incluyen participar en una empresa criminal. Podría ser sentenciado a al menos 20 años de prisión y hasta cadena perpetua en su audiencia de sentencia programada para el 9 de octubre.
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