Orfis cierra caso de Ciudades Judiciales y saqueo al fondo auxiliar con Edel Álvarez

Para el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), las irregularidades técnicas y de legalidad en los contratos para construir ciudades judiciales, y el presunto saqueo del fondo auxiliar durante la gestión de Edel Álvarez Peña al frente del Poder Judicial ya es un caso cerrado.

Así lo plantea con el último Informe de Seguimiento a la Cuenta Pública 2018, pero incluso también las irregularidades detectadas en el año 2017, también se les dio carpetazo.

El propio Orfis, en ese entonces bajo la gestión de Antonio Portilla Vázquez, detectó las observaciones en carácter legal, del contrato firmado por Edel Álvarez Peña que comprometía al Poder Judicial de Veracruz a pagar una deuda de 2 mil 400 millones de pesos a lo largo de 25 años.

Dicho contrato incluso fue impulsado por el entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, hecho que en su momento fue observado por el Orfis y marcado como una de las irregularidades que deberían solventarse.

Sin embargo, ahora, bajo la gestión de Delia González Cobos, las irregularidades del manejo del Fondo Auxiliar para la Impartición de Justicia tanto en los años 2017 como 2018 han sido marcadas bajo un acuerdo de conclusión y archivo del expediente.

También, la actual gestión del Orfis ha dado por concluido el tema de la auditoría de Legalidad al proceso de contratación de Asociaciones Público Privadas en la modalidad de concesión para llevar a cabo la construcción, equipamiento, conservación y mantenimiento de las Ciudades Judiciales realizadas por el Poder Judicial del Estado de Veracruz, durante el ejercicio 2018.

Cabe precisar que, apenas hace unos meses, la actual magistrada presidenta del Poder Judicial, Lisbeth Jiménez Aguirre, junto con la directora de Administración del Poder Judicial, Joana Flores Bautista, dieron a conocer la conclusión de dicho contrato.

Indicaron que buscaron un acuerdo donde ambas partes no salieran perjudicadas, pues por parte del Poder Judicial señalaron que era mucho el gasto que se hacía y no correspondía al beneficio, que supuestamente se obtendría con lo pactado por el expresidente Edel Álvarez Peña.