Violencia política en ayuntamientos veracruzanos

Las historias de alcaldes que ejercen el poder municipal por encima de los límites que marcan leyes y reglamentos son muy comunes, sobre todo en lugares pequeños, donde quienes llegan a esos cargos incurren en abusos; y llegan incluso al grado de obstaculizar el trabajo de otros ediles. 

En Veracruz existe el caso reciente de alcalde de Acatlán, Aquilino Rodríguez Sánchez (PT), quien fue inscrito en el registro de personas sancionadas por violencia política, en contra de la síndica Margarita Ortega. 

En marzo pasado, el Tribunal Electoral de Veracruz determinó otro caso de violencia política en razón de género en el ayuntamiento de Tempoal, norte de Veracruz.  

El alcalde Néstor Rodolfo Rivera también fue inscrito en el padrón de personas sancionadas, por haber incurrido en violencia política en razón de género contra la síndica Yesica Hernández. 

Sólo durante el presente año, el OPLE ha recibido 13 quejas de violencia política en razón de género. 

Sin embargo, la violencia política contra las mujeres no es la única irregularidad que se registra en ayuntamientos veracruzanos; hay casos, y son frecuentes, de ediles que denuncian a presidentes municipales por obstaculizar sus funciones. 

En abril se registró un caso en Tilapan, donde el alcalde Jaime López Montalvo fue señalado por la síndica y un regidor por haber incurrido en violencia política. En ese caso, los ediles refieren que han dejado de percibir sus salarios desde 2022. El TEV resolvió la inscripción de López Montalvo en el registro nacional de servidores públicos sancionados por cometer violencia política. 

El caso más reciente se registró en Tlapacoyan; no contra una mujer, sino contra el regidor primero, Habacuc Guzmán Méndez. 

El alcalde Salvador Murrieta Moreno, de Morena, ha emprendido todo tipo de acciones para obstaculizar el trabajo del regidor del mismo partido, a quien no le quedó más opción que llevar su caso a los tribunales. 

El pasado 10 de agosto, el Tribunal Electoral de Veracruz resolvió los recursos interpuestos por Guzmán Méndez contra el alcalde Salvador Murrieta y contra el director de obras, Ángel Santos. La instancia determinó que el presidente municipal en efecto incurrió en obstrucción de las funciones del regidor primero, quien además fue víctima de violencia política. 

El caso de Tlapacoyan llama la atención porque ambos ediles, alcalde y regidor, surgen del mismo partido, Morena. Al parecer, al presidente municipal no le gustaron los señalamientos de Guzmán Méndez con relación a la asignación y desarrollo de la obra pública municipal. 

Ese tema, el de la obra pública en los municipios, ha sido motivo de señalamientos en varios municipios veracruzanos, no sólo en Tlapacoyan. Parece que algunos alcaldes creen que esos recursos se pueden manejar con discrecionalidad y con un sentido casi patrimonialista, sin tomar en cuenta al Cabildo. @luisromero85