Tuvo que ser el presidente López Obrador, en el curso de la conferencia mañanera, quien afirmara que fue Televisa la empresa de Emilio Azcárraga la que extorsionaba a la candidata morenista a la gubernatura de Veracruz, Norma Rocío Nahle García por 200 millones de pesos si guardaba silencio sobre su crecimiento económico ilícito.
Al mismo tiempo, el periódico El Universal sacó una portada a 8 columnas sobre su fortuna en bienes inmuebles en los últimos cinco años.
Estas alianzas periodísticas son comunes para obtener mayores beneficios se llegan a los acuerdos que posteriormente los capitalizan en contratos sobre obras millonarias cuando llegan los gobernantes al poder. Desde siempre, con el tigre Azcárraga, los dueños de Novedades con Rómulo O’Farril, los Alarcón del Heraldo se realizaban estos pactos de apoyo o de desprestigio del político que se tratara y que no entrara a un acuerdo con el cuarto poder de aquel entonces.
Un periodicazo de Excélsior de Julio Scherer hizo caer al candidato del PRI al gobierno de Veracruz de Manuel Carbonell. Son viejas historias que recuerdan los periodistas autores de esas leyendas como el veracruzano Ángel Trinidad Ferreira.
Ese es el periodismo mercenario que se ejerce en la Ciudad de México donde los multimillonarios propietarios realizan estos actos de corrupción y que en ningún caso recibe alguna sanción penal amparados en el principio de la libertad de expresión que permanece vigente.
La regla general es que ningún dueño de estos medios de comunicación son periodistas y se da el caso que no saben ni siquiera escribir una carta. El periodismo para ellos se trata simplemente de un buen negocio en donde no existe ningún principio de ética informativa ni de moral profesional para los que ejercen este oficio.
No se puede dejar al margen que varios órganos periodísticos del puerto de Veracruz y otras localidades de la entidad aprovecharon la oportunidad y por medio de sus articulistas políticos publicaban de manera destacada esta guerra sucia en contra de la ex titular de la Secretaría de Energía.
Hubo un reportero de Coatzacoalcos que dio nombres y apellidos de los que operaron en la zona sur del estado.
Solo en Veracruz ocurren casos tan extraños como ese de realizar un gasto millonario para demoler un legendario estadio en lugar de reponerlo y reacondicionarlo y dilapidar un importante recurso público para construir un costoso estadio cuando no se tiene lo principal un equipo de primera división de futbol profesional. Ahora resulta que dicho inmueble sale más caro que su verdadero valor comercial.
Es obvio que se trata de un negocio chueco de corrupción con recursos públicos, cuando se está por terminar la administración.
Si bien es cierto la afición jarocha merece volver a tener a los Tiburones Rojos en un gran estadio, pero no de esta manera que deja una mala impresión cuando se dilapida el dinero que le pertenece al pueblo veracruzano y no existen los jugadores.
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