Hay una versión que se publica en varios medios locales que fueron los Yunes los que entregaron al perredista Rogelio Franco Castán exsecretario de gobierno del periodo panista y al fiscal Jorge Winckler a cambio que dejaran en paz al exalcalde del puerto de Veracruz, Fernando Yunes Márquez al que le encontraron numerosos desvíos de los recursos públicos.
La única interpretación que se puede encontrar como verosímil es que ambos importantes funcionarios de ese bienio es que los dejaron abandonados a uno de ellos en la cárcel de Almoloya de máxima seguridad. Lo cierto es que ellos alegan que trabajaron incansablemente para que el líder familiar llegara a la gubernatura y que no se justifica el olvido mostrado. Demostraron lealtad y entrega.
Se habla de reuniones de los Yunes con el gobernante y la aspirante a sucederlo de trabajar para que Morena continué gobernando.
Lo único cierto de todas estas versiones de columnas y platicas de café es, que los Yunes en el estado son intocables.
Poca gente sabía que el actual líder Ricardo Aldana Prieto del sindicato nacional de trabajadores petroleros no puede ocupar ese cargo por ser un empleado de confianza, aunado a que él era el tesorero de todas las travesuras de los recursos públicos del millonario Carlos Romero Deschamps, quien sustituyera al líder de Minatitlán profesor Sebastián Guzmán Cabrera, utilizado para inhabilitar al más estimado jefe de los petroleros el hombre de la Huaca del puerto Joaquín Hernández Galicia.
Lo que es el destino, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos que preside Rosario Piedra solicitó la intervención del Senado de la República para que acuda el gobernador del estado Cuitláhuac García y la fiscal del estado Verónica Hernández, que expliquen porque rechazaron las recomendaciones de ese organismo autónomo que defiende las causas justas cuando existen claras violaciones a las leyes.
Decía al principio lo que es el destino, porque pedirle al senador Ricardo Monreal el porqué, estos funcionarios estatales no aceptaron su presentación ante el caso de José Manuel del Río Virgen detenido acusado de estar implicado del asesinato de Remigio René Tovar que era candidato a la alcaldía de Cazones.
Lo absurdo es que el aspirante pertenecía al mismo partido político MC de del Río Virgen y que fuera llevado precisamente a la decisión del presidente de la Coordinación Política senatorial que se había opuesto y vino expresamente a Veracruz a protestar por el encierro carcelario de su cercano funcionario en el Senado. Lo que él consideró como venganza política por oponerse a la detención de jóvenes estudiantes acusados de violaciones a la autoridad de un delito por ser inconstitucional ya no existe.
En el caso de Del Río Virgen y del perredista que resultó electo como diputado federal, Rogelio Franco Castán, son considerados como presos políticos a los que les inventaron delitos, acciones a las que se opone continuamente el presidente López Obrador, por haberlas vivido con su desafuero.
Qué medidas tomará en este caso uno de los presuntos candidatos presidenciales en contra de Cuitláhuac García, un enemigo gratuito personal. Ninguno se conocía, pero la soberbia del gobernante es la que nubla el cerebro.
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