Poder judicial de Veracruz indiferente, sometido y saqueado

En el Veracruz de contraste, mientras las protestas continúan en respaldo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exponer su rechazo a la extinción de fideicomisos que afectarán la vida laboral de 55 mil trabajadores a nivel nacional y a 600 en la entidad veracruzana, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, no muestra solidaridad alguna, por el contrario, se confirma la sumisión de éste al poder ejecutivo.

Su actual presidenta Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, se ha sometido a tal grado que no solo ha declarado en contra de la Suprema Corte para hacerle segunda al gobernante en turno, sino que ahora se ha convertido en cómplice de la crisis financiera que atraviesa el Poder Judicial de aquella entidad y que aún mantiene en la oscuridad.

Para empezar el Poder Judicial continúa destinando gran parte de su presupuesto al pago a empresas yunistas -creadas en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares- que aún no terminan de construir las famosas ciudades judiciales que pretendían colocar a Veracruz a la vanguardia con la entrada en vigor del sistema de justicia penal acusatorio, edificando inmuebles aptos para celebrar las audiencias.

Con la llegada del próximo gobierno a Veracruz se asegura que la actual presidenta tendría serios problemas pues no hay manera de justificar que los pagos a empresas continúen, mientras dicho poder enfrenta una severa crisis que se hará evidente; de ahí que se este optando por esperar los nombramientos de 6 nuevos magistrados pues dicen no le alcanzaría el presupuesto para generar mas salarios.

La llegada de los tiempos electorales sin lugar a dudas sacudirá un poder que ha tratado de mantenerse con hilos y sometido a las determinaciones del poder ejecutivo. Así es que mientras se continúa ocultando la realidad, la presidenta insiste en que dicho poder cuenta con finanzas sanas y no existen riesgos de un colapso financiero, lo cierto es que entre discursos no hay transparencia respecto de los pagos que se continúan generando y que comprometieron el presupuesto por cerca de 25 años.

Anular los contratos habría sido la mejor determinación, pero derivado de los negocios de altos funcionarios como el propio Eric Cisneros, éstos continúan. De ello la presidenta tiene prohibido hablar convirtiéndose en una cómplice más de la corrupción al interior. Así es que mientras la Suprema Corte defiende la permanencia de su presupuesto y fideicomisos, en Veracruz solo se ocupan de atender las peticiones del gobernante y algunos otros funcionarios de primer nivel.