El proceso penal que ha armado la Fiscalía General de la República (FGR), de Alejandro Gertz Manero, en contra de Jesús Murillo Karam, extitular de la desaparecida Procuraduría General de la República (PGR), por la llamada “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, podría terminar en un vergonzoso tiro por la culata para el régimen del presidente López Obrador si es que, como acusa la oposición, este polémico asunto se está utilizando políticamente sólo para presionar al grupo del exmandatario priista Enrique Peña Nieto por la gubernatura del estratégico Estado de México que se disputará en 2023.
Y es que, anteayer lunes, decenas de estudiantes de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” bloquearon intermitentemente los cuatro carriles de la Autopista del Sol, en rechazo al informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, porque “no se habla nada del paradero de los compañeros”.
En un boletín señalaron que “el Comité Ejecutivo Ricardo Flores Magón y la Sociedad de Alumnos de la Normal de Ayotzinapa rechazamos las acciones que el gobierno anterior y lo que las instancias gubernamentales actuales han hecho por evitar el castigo y esclarecimiento del caso de los 43 compañeros desaparecidos, por ello manifestamos que nuestra lucha no se detendrá y continuaremos las actividades hasta lograr la justicia y la verdad del caso”.
También anunciaron el plan de acción que desplegarán durante el mes de septiembre próximo, desde el lunes 12 en Chilpancingo, Guerrero, hasta el lunes 26 con una marcha nacional en la capital del país y al día siguiente en Iguala. Pero el martes 20 de ese mismo mes realizarán en la Ciudad de México un mitin ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, y el miércoles 21 en la embajada de Israel. Antes, el jueves 22, se plantarán en las instalaciones de la FGR y el viernes 23 en el Campo Militar número 1.
Por su parte, madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa decidieron muy prudentemente dar a conocer hasta este jueves 25 –al día siguiente de que venza el plazo para que el juez Marco Antonio Fuerte Tapia determine si vincula a proceso al exprocurador Murillo Karam– su respuesta al informe del caso presentado la semana pasada por el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, así como su postura frente al proceso judicial iniciado en contra del extitular de la PGR.
Tras la detención de Murillo Karam el viernes, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez publicó en redes sociales que los padres y madres no conocían aún los extremos de la imputación, pero de ser sólida y apegada a derecho, el proceso judicial podría contribuir a que empiecen a rendir cuentas las autoridades implicadas en la creación de una versión sin sustento, construida con tortura.
Pero durante la audiencia inicial de Murillo en el Reclusorio Norte, el juez de control reprendió públicamente a los fiscales por su desorganización, falta de preparación y desconocimiento de los puntos esenciales de la carpeta de investigación.
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