Maduro: huellas en Veracruz

A mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen colombiano que el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.

En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el ex priista Ignacio Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976 y 1982, fue el primer jefe del actual presidente Andrés Manuel López Obrador.

Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.

El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción), creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en territorio venezolano.

Según una investigación de la reportera Verónica Ayala, para Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona Metropolitana de la CDMX. Estas empresas utilizaron una estructura de al menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.

No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Sab y Samark López Bello, operadores financieros de Maduro.

Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los 700 millones de dólares, para los llamados CLAP.

El presidente López Obrador debe deslindarse de Maduro, quien ya es insostenible. Y es que no sólo no ha podido exhibir las actas electorales que confirmen su triunfo en las elecciones del domingo antepasado, sino que, además, desde el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia de EU emitió una orden de captura en su contra ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por cargos relacionados con el narcotráfico.

¿Claudia Sheinbaum sostendrá en su gabinete a chavistas incondicionales de Maduro, como Sady Arturo Loaiza Escalona, un ex funcionario venezolano que en 2021 fue contratado en la Subdirección de Materiales Educativos de la SEP?