El feminicidio representa el punto más alto de la violencia en contra de las mujeres.
A diferencia de lo que ocurre con los homicidios de hombres, que tienen distintos perpetradores, la mayoría de los feminicidios es cometido por la pareja actual o anterior de las víctimas.
Existe evidencia que, antes de su ejecución, las víctimas sufren maltrato constante en el hogar, amenazas, intimidaciones, violencia sexual en situaciones en las que tienen menos poder o recursos económicos que su pareja.
En México sigue habiendo femicidios diariamente, aun cuando diversos sectores cada vez más amplios de la sociedad han centrado sus esfuerzos en visibilizar, denunciar y llevar ante la justicia a los culpables de estos asesinatos intencionales de ellas de cualquier edad por el solo hecho de ser mujeres.
De acuerdo con la más reciente actualización del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en octubre de 2023 se registraron 63 feminicidios en México. En total, de enero a noviembre de 2023, se cometieron 694 asesinatos de mujeres por razones de género.
El Estado de México encabeza las cifras con 80 casos, seguido por Nuevo León, con 59 y Ciudad de México y Veracruz, con 46 casos respectivamente.
En materia de feminicidios, Veracruz sigue ocupando los primeros lugares a nivel nacional, al alcanzar 41 casos, de enero a octubre del año 2023, según datos del SESNSP, aunque el Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana reporta la comisión de 53 femicidios. Las cifras oficiales arrojan una disminución del 30% en comparación con años anteriores, sin embargo no se advierte trabajo reforzado de las autoridades en este rubro.
El 56% del territorio mexicano se encuentra en Alerta por Violencia de Género, en nuestra Entidad existen dos AVG, una por feminicidio (2016) y otra por Agravio comparado (2017), no obstante en nada ha hecho la diferencia para la eliminación de la comisión de este delito.
Terriblemente los datos anteriores los hemos ido naturalizando, lo cual trataremos en otra emisión de Alguien como tú, hoy queremos visibilizar una de las consecuencias olvidadas por el Estado de la comisión del delito de feminicidio.
Usted que nos lee se ha preguntado: ¿En dónde están las niñas y los niños que quedan huérfanos después de que estos crímenes son cometidos y cuya situación económica y psicológica se ve gravemente afectada poniendo en riesgo su futuro? ¿Están en edad escolar? ¿Asisten a la escuela? ¿Quién los cuida?...
Desafortunadamente no existe una base de datos oficial o extraoficial de cuántos son, quienes son, en dónde están, quién los cuida, simplemente para las autoridades pareciera que junto con su madre muerta dejaron de existir, se esfumaron de la faz de la tierra.
Estos infantes han sido sometidos en su corta vida a situaciones de violencia familiar extrema, tan es así que muchos de ellos y ellas fueron testigos del momento que privaron de la vida a su madre, son minimizados por las autoridades considerando que por su edad no han entendido lo vivido y resulta todo lo contrario, las circunstancias les ha provocado daño psicológico, que de no ser tratado por especialistas puede llegar a ser irreversible.
En el mejor de los casos, estas niñas y niños quedan bajo el cuidado de las familias maternas, casi siempre por personas de la tercera edad, que por su condición cronológica son personas jubiladas o pensionadas y que su ingreso económico no es suficiente para la manutención de los menores de edad de manera adecuada.
Otro escenario, desmesurado por cierto, es cuando quedan bajo la custodia del padre agresor o de la familia de él, siendo sometidos a situaciones de violencia motivada por el odio y rencor hacia la mujer que les dio la vida.
Al respecto cabe mencionar que el pasado 2 de marzo de 2023, el Congreso Legislativo de Puebla aprobó la denominada Ley Monzón, una reforma del código penal y civil que suspende la patria potestad a posibles feminicidas y la quita en definitiva si queda firme la sentencia que los haga plenamente responsables de la comisión del delito de feminicidio, misma que ha sido replicada por la Ciudad de México y Sinaloa.
En otros casos, a falta de familiares que se hagan responsables de su cuidado, los menores de edad son resguardados por Instituciones Públicas.
Solo el 25% de los asesinatos en México se acreditan como feminicidios, pues ni todos los asesinatos de mujeres se tipifican como feminicidio, ni las investigaciones abiertas reflejan el número de mujeres asesinadas en el año y en algunos casos se ha determinado la muerte por homicidio doloso. No obstante, estas muertes han sido ocasionadas en su mayoría por violencia generada en el núcleo familiar o de relaciones de pareja.
De manera obligada nos preguntamos: ¿Cuántos personas dependían de esa mujer muerta? ¿Cuántas mujeres muertas eran madres?, ante esta situación el Estado debe identificar y apoyar a las y los huérfanos del feminicidio y homicidio, para sacarlos de situaciones de violencia con políticas públicas que garanticen sus derechos humanos, siempre velando por el interés superior de la infancia, que es uno de los principios rectores más importantes del marco internacional de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, previsto en el artículo 4 constitucional, en el que se establece que el Estado otorgará facilidades a los ascendientes, tutores o custodios para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.
Las niñas, los niños y los adolescentes tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. La orfandad provoca problemas psicológicos y económicos, entre otros, generando a futuro mujeres y hombres sin rumbo, que pueden llegar a tomar el camino del dinero fácil y la violencia. Si no hay atención profesional de sanación los estereotipos de violencia se repiten.
La niñez es víctima colateral del feminicidio u homicidio de sus madres, la sociedad y el Estado no podemos ser indiferentes ante la re victimización que viven, pasemos del discurso a los hechos…
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