La fiscal, insostenible

Conforme se acerca el 1 de diciembre, algunos se empiezan a preguntar hasta cuándo la Fiscal General del Estado, Verónica Hernández Giadáns, decidirá anunciar su salida del órgano autónomo encargado de procurar justicia.

Y es que doña Vero está más que consciente de que su renuncia es inevitable, no sólo por sus cuestionados resultados sino también por su estrecha relación con el satanizado exsecretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos, actualmente exiliado en Yucatán, lo que evidentemente no le genera la elemental confianza con el nuevo grupo de Morena que en un par de meses asumirá el poder en Veracruz.

Para colmo, a la Fiscal le acaban de caer dos papas calientes de repercusión internacional: la desaparición de dos ciudadanos estadounidenses en Coatzacoalcos, y el caso de las seis mujeres colombianas desaparecidas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Hernández Giadáns debió anticipar su salida después de las elecciones de junio pasado, al confirmarse el triunfo de la candidata de Morena, Rocío Nahle, quien trae fuertes diferencias políticas con el padrino político de la fiscal.

En Guanajuato, por ejemplo, el Fiscal Carlos Zamarripa Aguirre, quien ha estado al frente de la procuración de justicia por casi 16 años, presentó de inmediato a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, del PAN, su renuncia con efectos hasta el 1 de enero del 2025.

Pero Zamarripa no se va con las manos vacías. Después de que la mandataria panista anunció que no se quedaría en el cargo, el Fiscal hizo cambios al reglamento interior del organismo para crear un “sistema complementario de seguridad” que le permitirá disponer, una vez que se vaya, de una pensión superior a los 100 mil pesos mensuales. 

Otro que también ha dimitido es el Fiscal Anticorrupción de Tamaulipas, Raúl Ramírez Castañeda, quien a tres años de ser designado por el Congreso local y a cuatro de concluir su periodo, anteayer presentó de manera sorpresiva su renuncia luego de que este 1 de octubre la bancada de Morena contará con mayoría calificada.

Y es que, anteriormente, morenistas intentaron destituirlo por su cercanía al exgobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca pero no contaban con el suficiente número de votos en la Cámara de Diputados para removerlo.

Ahora, en un oficio dirigido a la diputada morenista Úrsula Patricia Salazar Mojica, Presidenta de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo, Ramírez Castañeda notificó su determinación de renunciar al cargo a partir del próximo 30 de octubre, cuando su periodo concluía hasta 2028.

El Fiscal anticorrupción protagonizó fuertes enfrentamientos con diputados locales de Morena luego de que aprobaron separarlo del cargo con una mayoría simple al señalar que perdió requisitos de elegibilidad, pero un juez ordenó restituirlo.

Durante su gestión promovió un juicio de desafuero contra la actual líder del Congreso de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar, sobrina del expresidente López Obrador, derivado de una denuncia por presuntamente pedir moches a proveedores. Y es que, el año pasado trascendió que luego de encontrar su presunta participación con una red de empresas fachada y factureras ubicadas en Nuevo León, la Unidad de Inteligencia Financiera, así como la Fiscalía de Justicia de aquella entidad, indagaban al Fiscal por su posible participación en el delito de operación con recursos de procedencia ilícita por un monto de más de nueve millones de pesos.