Ahora que, la reforma al Poder Judicial se encamina a su segunda etapa en el Senado de la Republica para que entonces pueda ya turnarse al ejecutivo y éste proceda a publicarla en el diario oficial de la federación, los señalamientos se incrementan, en el país.
Se estima que, sea entre martes o miércoles cuando la reforma se esté discutiendo y aunque a Morena y aliados les falta un voto para obtener la mayoría calificada en el Senado, es casi una realidad que algún senador opositor dará su consentimiento.
El gran tema de hoy es que cualquier senador puede “traicionar” a sus bancadas en un ambiente de hostilidad donde los señalamientos son una constante y las acusaciones también, frente a un escenario de incertidumbre entre quienes aún esperan algo ocurra.
Se trata de un giro radical en la operación, integración y funcionamiento del Poder Judicial en México, lo que genera aún más temor y así mientras las declaraciones se acrecientan, algunas a favor y otras en contra, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -se asegura- busca ya la orientación o respaldo de los organismos internacionales.
Y es que hoy se sabe que al menos 820 magistrados de circuito y jueces de distrito del país solicitaron la intervención urgente del comité de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para frenar la reforma al Poder Judicial que se someterá a votación la próxima semana en el Senado de la República.
Así, en una carta dirigida a estos organismos internacionales, los juzgadores denuncian violaciones a los derechos humanos y consideran que la reforma compromete la independencia judicial y la estabilidad democrática de México.
El citado documento, fue enviado tanto al Comité de Derechos Humanos de la ONU como a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pide que se suspenda el trámite legislativo de la reforma o, en su defecto, se detenga su implementación. Los jueces argumentan que la propuesta es contraria a tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a los cuales México está obligado a cumplir. Los jueces y magistrados insisten en que aún hay tiempo para frenar la reforma en el Senado, mientras que el presidente de la Republica y la mayoría de senadores aseguran que la aprobación en la cámara alta, es ya una realidad. ¡Ya le estaremos dando cuenta de ello la próxima semana!
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