Jalacingo y Córdoba, violencia política contra mujeres

Hasta su última actualización, del 31 de agosto del presente año, Veracruz acumula 28 personas inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, del Instituto Nacional Electoral.

Esa cifra equivale a casi el 10 por ciento del total de las personas sancionadas en todo el país.

Entre las personas inscritas en esa lista de la vergüenza hay 14 alcaldes en funciones o ex alcaldes de los municipios de Tlaltetela, Cazones, Actopan, Chinampa de Gorostiza, Perote, Coetzala, Alto Lucero, Tlilapan, Lerdo de Tejada, Poza Rica, Altotonga, Nautla, Acatlán e Ixhuatlán de Madero.

También aparecen funcionarios municipales, ediles y periodistas.

Esa lista no incluye a personas que fueron acusadas de forma reciente por violencia política en razón de género; uno de esos casos es del presidente municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino, quien fue sancionado por el Tribunal Electoral de Veracruz, al desahogar la sesión del pasado lunes 28 de agosto.

Al edil se le acusa por ejercer violencia política contra la síndica del Ayuntamiento, Concepción Bandala.

Los magistrados del TEV determinaron que Perdomo Chino incurrió en violencia contra la síndica, quien denunció los hechos el pasado 20 de julio.

La mujer demostró que el alcalde obstaculiza las labores que por ley tiene encomendadas la sindicatura; no sólo eso: le cubren un salario inferior al que perciben funcionarios de confianza, como el tesorero y el director de obras públicas y no le convocan con oportunidad a las sesiones de Cabildo.

Por ello, el TEV determinó: “se le ordena citar adecuadamente a la actora a las sesiones de cabildo, mientras que al Ayuntamiento se le ordena modifique su presupuesto de egresos 2023 para que reajuste las remuneraciones de la actora y realice el pago retroactivo a partir de una modificación presupuestal con fecha 16 de junio”.

El alcalde de Jalacingo ha sido blanco de las denuncias de sus ediles. Al iniciar el año, por ejemplo, la síndica señaló que Perdomo Chino estaba denunciado, al igual que su tesorero, Juan Pablo Becerra, por la compra irregular de un terreno intestado, por más de 327 mil pesos.

Al final, la síndica Concepción Bandala demostró que el alcalde, surgido del Partido Verde, incurrió en violencia política, y por ello fue inscrito en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres, por lo que Roberto Perdomo no podrá, aunque así lo quisiera, ser postulado a cargo de elección popular alguno, al menos hasta dentro de 24 meses, cuando ya hayan concluido los procesos electorales de 2024 y 2025.

Córdoba, otro caso

Otro caso se registró el mismo día, 28 de agosto, pero en Córdoba: durante la sesión de Cabildo, el regidor noveno Eduardo Mondragón Hernández, de Movimiento Ciudadano, intentó desestimar las atribuciones de la síndica Vania López González.

Al interior de dicho cuerpo edilicio circulan versiones sobre otro posible caso de violencia política contra una mujer.

El del MC intentó restar importancia al trabajo de la síndica, quien recibió el respaldo de otros ediles, como Sergio de la Llave, quien reconoció la labor de Vania López.

La prensa local de Córdoba, por cierto, ha sido crítica con el desempeño del regidor Eduardo Mondragón, quien se concentra en la grilla pero descuida sus comisiones: desarrollo social, policía, prevención del delito, parques y jardines y alumbrado público. En pocas palabras, este funcionario es bueno para descalificar el trabajo ajeno, pero malo para realizar el propio.

@luisromero85