Huerta, abogado del diablo

Primero, el senador veracruzano Manuel Huerta, de Morena, salió en defensa de los Yunes del PAN, del hijo y del papá que traicionaron su discurso de campaña, ya que en cuanto llegaron al Senado se sumaron a la 4T para aprobar la polémica reforma judicial que requería de un solo voto, el 86, para alcanzar la mayoría calificada exigida por la Constitución. Y la semana antepasada, incluso, el ex delegado de la Secretaría del Bienestar se sumó a la camorra en contra de dos legisladores panistas que según Miguel Ángel Yunes Márquez lo ofendieron por haber dicho en la tribuna que "se las dio" –interpretando que las nalgas– al régimen obradorista.

Pero, anteayer, Huerta Ladrón de Guevara volvió a salir en defensa del senador Alejandro Murat, otro ex funcionario, ex priista, también cooptado por la 4T, que salió a relucir en el debate por la reforma a la Ley del Infonavit, que rechaza la oposición. En la tribuna del Senado de la República fue Ricardo Anaya, del PAN, quien le recordó al morenista veracruzano que Murat Hinojosa ya está en las filas del partido guinda. 

Y, por si fuera poco, ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum y el director del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Octavio Romero, al salir en defensa de esta reforma, pasaron raspando a Murat, quien fue titular del Infonavit en la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 hasta 2015, cuando renunció para ser candidato del PRI a la gubernatura de Oaxaca.

Este miércoles, en conferencia de prensa, Romero Oropeza presentó al menos tres casos en los que se detectaron irregularidades cuando Murat dirigió al Infonavit.

Uno de ellos, que data de 2014, dijo que implicó a la empresa Telra Realty. "Se contrató a esta empresa para diseñar y operar una plataforma para administrar soluciones de vivienda de acreditados que cambian de lugar en donde residían", explicó el ex director de Pemex y actual titular del Infonavit, quien agregó que el monto del contrato era de 100 millones de pesos y esta empresa tenía dos años para establecer la plataforma.

Sin embargo, cuando se venció el plazo de dos años, la empresa Telra no entregó el servicio contratado. "Debió haber sido penalizada en ese momento, porque no cumplió, pero contrario a ello, no solo no se le penalizó, sino que el Consejo de Administración autorizó el pago de una indemnización por un monto de 5 mil millones de pesos".

Romero Oropeza indicó que incluso dos de los cinco socios devolvieron dos mil millones de pesos que fueron entregados al Infonavit, los otros tres socios se han negado a devolver los 3 mil millones de pesos restantes.

"¿Cómo, a partir de un contrato de 100 millones; cómo, a partir de un incumplimiento que debió haber sido una penalización, en lugar de penalizar pagas pero pagas 5 mil millones como indemnización?", cuestionó el funcionario.

Añadió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió, a través de la información presentada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que en el caso de Telra existió triangulación de recursos, entre las empresas contratadas directamente por el Infonavit, y la cuenta bancaria de un funcionario del Instituto que fungió como asesor del director general en 2018.