Derecho y desaparición de personas

Ahora que en Xalapa se hicieron presentes familiares de personas desaparecidas, integradas en colectivos para exigir  al estado la debida atención, la reflexión de manera inmediata que llego a mi memoria fue el cumulo de derechos que se violan directa e indirectamente a los familiares cuando se enfrentan a una desaparición de un ser querido  y frente a ello la responsabilidad de las autoridades.

La desaparición de personas aniquila todos los derechos humanos; la existencia de un sólo caso debería de ser alarmante, pero ello parece a veces normalizarse y no solo en México, sino en el mundo entero; se trata de un hecho inaceptable en el que, las condiciones que las generan deben ser combatidas por las autoridades.

Y es que, tras cometerse el delito de desaparición de personas, se violan evidentemente derechos como la libertad; integridad y seguridad personal, igualdad ante la ley; legalidad; seguridad jurídica; defensa adecuada y debido proceso; reconocimiento de la personalidad jurídica; acceso a la justicia, entre muchos otros.

En México, entre enero de 2006 y septiembre de 2023, se contabilizaron un total de 95 mil 900 personas desaparecidas o no localizadas y más de 50% de los casos se registraron durante el último lustro; sin duda un hecho realmente grave y alarmante que exige acciones.

Tan solo, entre el primer trimestre de 2023, un total de 2 mil 095 personas desaparecieron en el país; ésta cifra significa un aumento del 20.54%, en comparación con el mismo periodo del 2022, en el que ocurrieron 1,738 desapariciones, según datos del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPDNO).

Fue hace un año, cuando las instancias internacionales se pronunciaron sobre el tema, dado la magnitud del hecho; la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, el Comité contra la Desaparición Forzada y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias externaron preocupación por tan “desgarradora tragedia” y llamaron a las autoridades mexicanas a esforzarse”.

Así expresaron que ninguna acción debía escatimarse para poner fin a estas violaciones de derechos humanos y abusos de dimensión extraordinaria, así como para reivindicar los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

Para la ONU, no era desconocido que los números mostraban que más del 97% de las desapariciones sucedieron a partir de diciembre de 2006, cuando el presidente Felipe Calderón asumió el poder y el país instauró un modelo militarizado de seguridad pública.

Así se reveló que de 1965 a 1990, durante la llamada “guerra sucia”, las desapariciones respondían a motivaciones políticas principalmente. En cambio, después de 2006 se llevaron a cabo en el contexto de la “guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado”, declarada por el gobierno panista.

El Comité y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones citaron en 2022, que en una declaración conjunta tras una visita oficial a México en 2011, todavía con el gobierno de Calderón, las cifras oficiales daban cuenta de más de 5000 desaparecidos o “ausentes” sólo en ese año.

Un decenio más tarde, en noviembre de 2021, en otra visita, las personas desaparecidas inscritas en el registro llegaban a 95.000, con cien de ellas sucedidas durante las poco más de dos semanas que el Comité estuvo en México. Tanto la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como los expertos advirtieron que muchas veces las desapariciones no se denuncian, con lo cual el total de personas cuya suerte se ignora podría ser más alto.

A ello se suma la impunidad, es decir, la cifra negra, frente al delito cometido, la incertidumbre de millones de familias, frente a autoridades encargadas de procurar e impartir justicia, desbordadas.

Se trata no solo de víctimas directas, sino de millones de indirectas, muchas de ellas niñas y niños. No es cosa menor el clamor de colectivos de desaparecidos en la entidad veracruzana y en México.